La  Ley 3/2004 de 29 de diciembre de lucha contra la morosidad, estableció mecanismos a aplicar en caso de retraso en el pago de facturas, con el objetivo de poner freno a las consecuencias negativas que suponen los impagos

actualmente la ley fija un plazo de 30 días para el pago de la factura pero se puede ampliar por pacto entre las partes hasta un máximo de 60 días

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