El pulso entre Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, y la empresa de reparto Glovo se encona. Y no hay visos de que la situación mejore. Más bien al contrario, la discusión por el abuso de falsos autónomos para contratar repartidores, los conocidos como riders, ha escalado varios grados estas semanas. La dirigente de Sumar llevará a los administradores de la mercantil catalana ante los tribunales, pero no a los especializados en conflictos laborales, sino a los penales. La titular de Trabajo cree que hay razones para sentar a los responsables de Glovo en el banquillo por un delito contra los derechos de los trabajadores, después de hacer caso omiso a los numerosos requerimientos de la Inspección de Trabajo para regularizar su plantilla. Y así se lo ha trasladado a la Fiscalía General del Estado.

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