Desde que el pasado mes de noviembre de 2023 el Tribunal Constitucional confirmase la constitucionalidad del Impuesto Temporal de Solidaridad a las Grandes Fortunas, –creado por la ministra de Hacienda en 2022, con el propósito de exigir un mayor esfuerzo a los contribuyentes con mayor capacidad económica para hacer frente a la crisis energética e inflacionista y armonizar la fiscalidad patrimonial entre las distintas Comunidades Autónomas ante la aprobación de bonificaciones del Impuesto sobre el Patrimonio (IP) que libraban, total o parcialmente, de su carga tributaria a sus residentes fiscales–, la fiscalidad patrimonial se ha convertido en una de las principales batallas entre el gobierno central y los gobiernos autonómicos.

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